Hola a tod@s, no he podido acudir al “evento” que ha convocado la Administración asturiana apoyada por las sociedades. Tampoco tengo ninguna noticia de las valoraciones de estas últimas pero, tras leer la información sobre el asunto colgada en la página de sostenibilidad de la Administración asturiana, creo que desde aquí se ven las cosas de manera muy diferente a como expresa la Administración en sus conclusiones.
Es como si de repente se hubieran descubierto las Américas y se dieran cuenta, ahora, de que aflora un problema gordísimo, pero no de que lo arrastramos desde hace muchos años con plena responsabilidad por su parte, y quisieran diluir dicha responsabilidad alegando ¿desconocimientos? varios.
Creo que la conclusión de la Administración no es de recibo y además no parece que ninguno de los presentes a las jornadas se haya atrevido a aclararles que no hay nada que inventar, que existen muchos estudios sobre truchas y salmones atlánticos en los distintos países, que hay experiencias muy positivas en gestión y que los únicos responsables son precisamente ellos, que no han hecho los deberes y que no se puede permitir que se justifiquen con lo que han alegado. No han efectuado la más mínima autocrítica de su gestión (ahí están los resultados y la situación actual), ni el más mínimo análisis de las repercusiones que para el sector turístico del país va a, irremediablemente, tener.
Por supuesto que hago extensiva la responsabilidad a los Organismos europeos y estatales encargados de definir, apoyar, velar, exigir y proveer de los recursos financieros para que se cumpla la Política Medioambiental de la UE y del País, que parece que con delegar la gestión en las distintas administraciones autonómicas ya han cumplido. Esto no debe ser así. Mi País no se merece tamaño cúmulo de despropósitos ejercidos desde todos los estamentos, sin olvidarnos de las Confederaciones hidrográficas (las grandes desconocidas: ¿qué hay de la unificación y puesta en común de los sistemas de información de los ríos de todas las confederaciones, por qué no se habla de caudales y sí de niveles, por qué las instalaciones automáticas de control no están en todos los ríos?, etc. etc. ) que hasta ahora continúan campando por sus respetos sin que nadie les pida explicaciones. Produce vergüenza ajena. Si los sufridores deportivos de esta situación no nos unimos y hacemos frente a esta situación, vamos a salir en una foto muy, muy fea.
Las repercusiones económicas sobre el sector turístico de la zona y del País se van a notar y mucho ya que, seguramente, algunos vamos a ahorrar para intentar asegurarnos en otros países, lo que en éste ya no existe debido a la inoperancia y falta de coordinación de los distintos responsables de la administracion del recurso.
Propongo a las sociedades que, tomando la iniciativa, redactemos un documento con lo que consideren exigible para recuperar el control de la catastrófica situación a la que se ha llegado, tanto en lo referente a salmones como a truchas, y que incluya, por ejemplo:
· Solicitud al Gobierno y al Congreso para que sea revisada la ley del Aguas, reajustando las prioridades de uso de la misma con una valoración de la conservación de las especies como valor prioritario sobre el resto. Solamente con esta iniciativa ya se garantizaría la construcción de un futuro para las especies acuícolas y para el resto de especies asociadas, incluída la humana.
· Exigir a las administraciones (no solo a las de la cornisa cantábrica) la difusión de todos los datos que sobre la gestión del recurso (truchas, salmones, y especies invasoras) se hayan generado hasta la fecha, convenientemente estratificados para su fácil comprensión por las partes interesadas (en este caso los pescadores ya que todos no tenemos estudios universitarios pero tampoco somos analfabetos). Se deben incluir datos relativos a parámetros ambientales, geográficos y geomorfológicos, poblacionales, físicos (caudales, temperaturas, parámetros fisicoquímicos, etc.), climáticos, de ordenación del territorio (planes efectuados y planes previstos), forestales etc., con objeto de obtener una imagen global de todos los factores que han tenido incidencia en la situación actual. Los pescadores con formación adecuada tales como ingenieros de montes, licenciados en ambientales, biólogos, especialistas en sistemas de información geográfica, químicos, geógrafos, abogados, etc., pueden hacer sus contribuciones desde sus respectivos campos a los documentos presentados, efectuando el análisis de la información y aportando los resúmenes apropiados para ser divulgados entre el resto de interesados que no poseen la formación adecuada.
· Elaborar una propuesta de actuación desde el punto de vista de los pescadores que, por ejemplo, incluya: control de todos los usos y usuarios del agua, creación de santuarios, definición de caudales ecológicos estacionales por cuenca modificables según circunstancia, gestión de procedimientos captura, tallas máximas, cupos, vedas, cotos, instalación de contadores en cada río, incremento de la guardería en número y formación, redefiniendo sus funciones de control, denuncia, vigilancia y como servidores del público, mayor dotación y dedicación del Seprona, unificación de las licencias y procedimientos de gestión de las mismas y de los permisos de pesca, etc.) incluyendo aspectos gestionables a nivel de la Unión Europea e internacionales tales como control de poblaciones y pesquerías en el mar y prohibición de redes de deriva, etc., etc.
· Presentarla a las distintas administraciones y confederaciones hidrográficas para motivar y mentalizar a los responsables políticos de que las cosas tienen que cambiar.
· Basándose en la propuesta presentada, exigir a las distintas Administraciones (europea, estatal, autonómica, confederaciones y ayuntamientos) la elaboración, en un plazo estipulado y concreto, de un plan de acción claro, conciso y ambicioso, con objetivos y plazos perfectamente definidos, mensurables y alcanzables, con los recursos materiales, técnicos, tecnológicos y humanos pertinentes y la dotación presupuestaria necesaria. El plan debe estar sometido a revisión periódica definida, y las partes interesadas deben estar informadas puntualmente de dichas revisiones.
Esta iniciativa, u otra de similar calado, debería consensuarse entre las sociedades y poder formalizarse ante las Administraciones antes del 31 de Diciembre de 2009.
No me parece mucho pedir ¿qué opináis?.
Antonio
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